Gigante China exige US$ 142 millones de indemnización por modificaciones impuestas por el MOP en la construcción de Ruta Talca-Chillán
La concesionaria presentó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones, acusando al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de falta de certezas técnicas y cambios fuera de contrato. El inicio de las obras, presupuestado para enero de 2025, se postergaría hasta marzo de 2027.
Una compleja disputa legal y financiera amenaza con paralizar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la zona centro-sur del país. La empresa estatal china China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), a cargo de la concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, ha escalado el conflicto ante el Panel Técnico de Concesiones (PTC), solicitando compensaciones millonarias y extensiones de plazo debido a lo que califican como una gestión deficiente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El proyecto, que contempla una inversión total de US$ 804 millones e incluye el mejoramiento de la actual vía y la construcción de un bypass (vía alternativa) para Talca, se encuentra en un punto muerto. Según la firma asiática, el «equilibrio económico» de la concesión se ha roto.
Indefiniciones y falta de financiamiento
En el escrito presentado ante el órgano técnico, CRCC es categórica: a un año del inicio proyectado de las obras, la concesionaria “no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar”. Esta incertidumbre técnica ha derivado en un problema financiero mayor, ya que la compañía asegura que, bajo las condiciones actuales, el proyecto ha resultado imposible de financiar por parte de las entidades bancarias.
Originalmente, los trabajos debían comenzar en enero de 2025, pero debido a los retrasos en la revisión de la ingeniería de detalle y las constantes modificaciones solicitadas por el MOP, la fecha se ha movido —en el mejor de los casos— a marzo de 2027.
Modificaciones «al margen del contrato»
La gigante china, una de las 40 constructoras más grandes del mundo, apunta que la Inspección Fiscal del MOP ha introducido cambios basados en restricciones técnicas y demandas territoriales no contempladas inicialmente. Estas obras adicionales tendrían un valor cercano a los US$ 85 millones.
CRCC sostiene que estas modificaciones se introdujeron al margen del procedimiento establecido, impactando gravemente la secuencia de ejecución. Por ello, la empresa exige:
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Una compensación por sobrecostos de construcción de UF 3.137.524 (aprox. US$ 142 millones).
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El reconocimiento de costos financieros derivados del pago de IVA de construcción.
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Una extensión de plazo de entre 33 y 38 meses para las puestas en servicio provisorias de los sectores 1 y 2.
Ruptura del equilibrio económico
La discrepancia no solo se basa en el costo directo de las nuevas obras, sino en el «impacto acumulado». La firma alega que las actuaciones del MOP han alterado los supuestos financieros básicos bajo los cuales se adjudicó la licitación.
Este conflicto pone bajo la lupa el sistema de concesiones en Chile y la capacidad del Estado para gestionar proyectos de alta complejidad con inversionistas extranjeros. Mientras el Panel Técnico de Concesiones analiza los antecedentes para emitir una recomendación, la modernización de la principal arteria vial del Maule y Ñuble permanece en la incertidumbre.
Fuente:T13
