Consejeros y exconsejeros se pronuncian sobre informe de Contraloría

Un grupo de consejeros y exconsejeros maulinos efectuaron un pronunciamiento respecto a los acontecimientos que han llevado a cuestionar a la administración de la actual Gobernadora Regional Cristina Bravo Castro.
Giovanna Paredes, ex consejera regional, señaló que : «En esta investigación seguramente vamos a encontrar grandes fallas. Hoy día no es solamente lo ha pasado con Urbanismo Social. Se han entregado recursos a Fundaciones donde no cumplen, donde según sus avances, se pagaron íntegros, pero no han rendido cuentas. Esto llega a ser molesto, porque con todas las necesidades que tiene la región del Maule, en el tema de las inundaciones, en todo lo que le ha tocado vivir. En abril, aprobamos un proyecto que era para fomentar todo lo que es la inversión a nivel regional. Un proyecto que era reactivación económica. Se reformuló para las inundaciones en agosto. Aun eso no está disponible. Entonces, mi llamado para la Gobernadora es que, al menos, avance en los temas importantes de la región, y sobre todo, si ella dice que va a desvincular, porque hay dos nombres claves que se habla de tráfico de influencias, que son el Señor Mario Ramirez y el Señor Jorge Gajardo, yo espero que hoy día, la Gobernadora de la noticia y que al menos ella no se haga cómplice, porque ellos están nombrados en el informe de Contraloría, que son del tráfico de influencias que pasaron por el convenio de Urbanismo Social», subrayó.
«Este mismo rigor se le solicitará a Gonzalo Montero, si hay malas entregas de recursos, ya sea de distintos colores políticos, todos tienen que responder ante la ciudadanía. Insisto, se ha tratado de ver esto con un carácter político. Esto no tiene que ver con el carácter político, porque las anomalías y las faltas son graves y tienen que responder ante todos los maulinos», acotó.
Patricio Lineros, Consejero Regional acotó que «una de las cosas que son más llamativas es que, en cuanto a desarrollo regional, es una de las zonas que está más baja a nivel país. Creo que acá lo fundamental es hacer convenios. Y yo creo en las fundaciones, pero aquellas que ejecutan de buena manera y hacen un trabajo territorial efectivo para tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Acá no se trata de prestar apoyo a la Gobernadora o no, porque la función principal del Consejo, es poder colaborar y que esto se solucione en el ámbito de que, efectivamente, los que cometieron errores tienen que responder ante la ciudadanía. Para eso están las instituciones y el Ministerio público», señaló.
George Bordachar, ex consejero regional, «Fui presidente de la Comisión Investigadora Interna del Consejo Regional, yo creo que esto es muy lamentable. En los años que llevo en esto, realmente nunca lo había visto. Y sobre todo, estas entregas tan directas a las fundaciones. Yo creo que, si se va a desvincular, debería haberlo hecho desde el primer día. De hecho, ya se sabía. Se hizo público con el informe del Contralor. En lo personal, estoy muy contento con la gestión que efectuamos, ya que visitamos Santiago, fuimos a Fundación Semilla, nos entrevistamos con Marcelo Trivelli y con Gonzalo Vial. Afortunadamente son 1.700 millones que no se concretaron, porque era una pérdida cuantiosa para la región del Maule. Hoy día Gabriel, toma la posta porque va a ser presidente de esta comisión y esperemos siga desarrollando, porque también nosotros internamente tenemos que velar que los recursos sean bien invertidos en la región del Maule- Estos errores no son tan fáciles. Aquí hay muchísimos recursos invertidos, hay tráfico de influencia, hay demasiado tráfico de influencia que constatamos nosotros mismos en una reunión con Marcelo Trivelli de Fundación Semilla. Yo creo que hay hartas cosas que dilucidar el día de mañana.», destacó.
Cesar Muñoz, consejero regional, «Tengo dos visiones claras respecto al tema. Una gran cantidad de anomalías o formas de trabajar dentro del proceso administrativo del Gobierno Regional, que fueron observadas por la Contraloría. Hay una gran cantidad de situaciones, que enumera algunas actividades que fueron mal administradas por funcionarios o procedimientos que no están normados. Eso hay que arreglarlo y el Gobierno Regional tiene un plazo perentorio para poder dar la solución a todas esas anomalías que la Contraloría detecta. En el plano administrativo, de verdad, el Gobierno Regional está al debe en eso, y probablemente hay que modificar, hay que ayudar también como Consejo Regional, a que los procesos administrativos o la normativa que tengamos interna, sean de alto nivel para que no sucedan estas cosas. Estamos esperando un segundo informe más completo del tema. Ahí veremos como está también el informe que saca después de la auditoría interna que va a efectuar la Contraloría en el Gobierno Regional. Eso nos va a dar algunas luces, para ver qué caminos seguimos o que actitud va a tomar la propia gobernadora. Además le solicitamos a los parlamentarios y al propio Gobierno, que esta atribución que tenían todos los Gobernadores, de la cantidad de la asignación directa con más 400 millones de pesos, estaba perjudicando porque daba en una sola persona una exclusividad que provocó estos problemas. Entonces, estamos solicitando que suspendan eso y vuelva el tema a que los consejeros regionales tengamos un rol más activo en el proceso de desarrollo de la región», aseveró.
Patricio Ojeda, ex consejero regional aseveró que : «El 3 de julio de este año efectuamos esta presentación en Contraloría, porque nos asistía la convicción de que había situaciones sospechosas de irregularidades graves. Han pasado cuatro meses desde que nosotros presentamos estos antecedentes, y me sorprende que la Gobernadora estime que hay que tomar acciones, cuando las pudo haber tomado hace cuatro meses atrás, cuando los antecedentes también se pusieron en su conocimiento. En estos cuatro meses, hay funcionarios que siguieron actuando y siguieron estando al mando de muchas tareas administrativas dentro del Gobierno Regional. Yo espero que no se haya intervenido.Nos parecía que no había plena independencia dentro del Gobierno Regional para poder hacer un sumario interno como lo había anunciado la propia Gobernadora. Si la Gobernadora ha tomado la decisión de desvincular a personas individualizadas en el informe, me parece muy bien. Eso no la extingue a ella, de la responsabilidad que le compete como la principal autoridad de esta institución», agregó.
Gabriel Rojas, consejero regional, y Presidente de la Comisión Investigadora del Gobierno Regional, «Acá han existido situaciones irregulares durante bastante tiempo, las cuales vosotros hemos ido observando, a tal punto que tuvimos que configurar esta Comision Investigadora, hacer las denuncias a Contraloría , poder verificar de que estos antecedentes que se han entregado, no tan solo de parte de algunos consejeros regionales, sino que, de algunas fundaciones, porque hay correos electrónicos donde Fundación Urbanismo Social se le está exigiendo la contratación de militantes de partidos de la gobernadora, en este caso, un concejal de Curicó, familiares y amigos a requisito de poder ejecutar el proyecto. Esa cuestión no puede ocurrir, es inaceptable. A juicio del Contralor Nacional constitutivos de delito, siendo la única región donde se visualizó tráfico de influencias, se entregan estos antecedentes a la Fiscalía Nacional para poder realizar las investigaciones y acreditar las responsabilidades penales», resaltó.
«No olvidemos que ella ha ocupado diversos cargos de designación, actualmente ocupa el cargo de gobernadora, pero acá hay una situación que trasciende a los colores políticos. La Corrupción no tiene colores políticos. Nosotros tenemos que velar por el fiel cumplimiento de los recursos públicos y tenemos muchas necesidades y los pocos recursos tenemos que ocuparnos de buena manera», insistió.
«No es posible que ella manifieste la contratación de su propia hija dentro de fundaciones, en las cuales ella asigna directamente los recursos. Ni siquiera pasa por el Consejo Regional. Este manto de duda que se genera sobre los recursos fueron asignaciones directas de la Gobernadora. Fueron decisiones tomadas entre cuatro paredes, con Fundaciones en que se desconoce su procedencia y que ni siquiera tenían expertos profesionales para ejecutar los proyectos. Y más encima, se les exige como botín de guerra la contratación de personas y también la ejecución de los proyectos en determinados lugares. No queremos creer que, finalmente los recursos del Maule, se estaban ocupando como botín electoral y político, y eso es lo que, nosotros tenemos que velar : el fiel cumplimiento del mandato que nos dio la ciudadanía, que los recursos se ocupen de la mejor manera posible», concluyó.