Hijas de concejala desaparecida exigen acciones concretas al municipio de Villa Alegre
Con un discurso marcado por la emoción, pero también por la firmeza, Javiera y Camila Gallegos, hijas de la concejala María Ignacia González Torres, desaparecida desde el 14 de junio de 2025, participaron en una sesión del Concejo Municipal de Villa Alegre, instancia en la que fueron invitadas a un homenaje institucional.
Si bien agradecieron el gesto simbólico -como la posibilidad de renombrar una sala municipal con el nombre de su madre-, ambas coincidieron en que el momento exige más que reconocimientos. “Las buenas intenciones no bastan cuando hay una vecina y una autoridad desaparecida”, sostuvo Javiera Gallegos.
La joven fue enfática en señalar que, a juicio de la familia, la desaparición de su madre estaría vinculada directamente a su rol fiscalizador como concejala. En ese sentido, llamó a las autoridades comunales a asumir un rol activo, escalar gestiones a nivel nacional y ejercer presión política e institucional para esclarecer el caso.
Cuestionamientos a la administración municipal
Uno de los momentos más duros de la sesión estuvo a cargo de Camila Gallegos, quien centró su intervención en la situación del administrador municipal, uno de los nombres que ha sido cuestionado en el contexto de la desaparición de la concejala.
Camila manifestó su preocupación por la falta de claridad en los procesos internos del municipio, especialmente respecto de un eventual sumario administrativo. “Han pasado meses y seguimos sin respuestas claras. Nos preguntamos si ese sumario realmente existe y por qué personas en calidad de imputadas continúan ejerciendo funciones”, señaló.
La hija de la concejala cuestionó duramente que, pese a los antecedentes conocidos públicamente, no se hayan adoptado medidas administrativas más drásticas. “Nos causa mucha impresión ver cómo se protege a determinadas personas, aun cuando están bajo cuestionamientos graves”, afirmó, emplazando al Concejo a exigir explicaciones y a ejercer su rol fiscalizador.
En esa línea, reiteró el llamado a realizar una auditoría interna al municipio, no como un ataque personal, sino como una herramienta de transparencia y mejora institucional. “Mirar para el lado no ayuda a llegar a la verdad”, enfatizó.
Llamado a la valentía política
Tanto Camila como Javiera coincidieron en que existe temor dentro de la comunidad y también entre autoridades locales. Frente a ello, llamaron a actuar con valentía. “Si hay algo que decir a la fiscalía o a la PDI, díganlo. El silencio solo prolonga la impunidad”, expresó Camila.
Las hermanas también anunciaron una iniciativa ciudadana para cambiar el nombre de avenida España por avenida María Ignacia González, en la calle donde residía la concejala. La propuesta será respaldada con una recolección de firmas impulsada por vecinos y vecinas de la comuna.
Pese a la falta de avances judiciales concretos, la familia destacó el respaldo social que ha surgido en torno al caso. “No hemos tenido justicia real, pero sí una enorme justicia social”, concluyeron, agradeciendo el apoyo recibido desde distintos puntos del país.
La intervención dejó en evidencia una creciente tensión entre el dolor de la familia y la responsabilidad institucional del municipio, instalando nuevamente el debate sobre transparencia, protección a denunciantes y el rol de las autoridades locales ante hechos de extrema gravedad.
