Cores UDI alertan que calidad de imputada de la gobernadora Bravo afectará el buen funcionamiento del GORE

La confirmación por parte de la Fiscalía de que la gobernadora Cristina Bravo se encuentra en calidad de imputada en el marco del Caso Fundaciones sigue teniendo coletazos en el Maule. Esta vez fueron consejeros regionales de la UDI quienes alzaron la voz y mostraron su preocupación por todo lo que está sucediendo con la máxima representante del Gobierno Regional.
«El GORE ve dañada su imagen y como institución queda en pésimo pie ante esta vergonzosa situación. La primera autoridad regional debe actuar con altos estándares probidad y transparencia, y velar por el buen uso de los recursos públicos. Por eso espero que se puedan estudiar todos los antecedentes para establecer y definir responsabilidades en caso de haberlas», sostuvo la consejera por la provincia de Curicó, Mirtha Segura.
Mientras que su par por la provincia de Talca, César Muñoz, agregó que «como CORE lamento profundamente lo que está sucediendo con la gobernadora Cristina Bravo, ya que repercute de manera directa en el trabajo que día a día hacemos en el Gobierno Regional y, por ende, en las labores que debemos cumplir frente a las necesidades de la región».
Muñoz enfatizó que «es también muy desagradable para mí y para el Consejo tener que ver cómo su capacidad de gestión se verá mermada mientras dure la investigación, perjudicando de forma directa la labor de quienes hacemos un servicio público de forma limpia y defendemos el buen actuar de la política».
Todo ello en el marco de la arista Urbanismo Social, investigación que está llevando a cabo la Fiscalía y donde la Policía de Investigaciones que ha realizado diversas diligencias como allanamientos a las dependencias del Gobierno Regional e incluso la incautación del teléfono personal de la gobernadora Bravo.
A lo anterior, se suma la reciente solicitud de quiebra por parte de la fundación, que tiene como antecedente el traspaso de 264 millones de pesos por parte del GORE para la ejecución del programa «Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras», cuyo convenio de firmó en diciembre de 2022. Tras diversas polémicas, la iniciativa finalmente nunca se llevó a cabo y los dineros quedaron retenidos a la espera de las indagatorias que se están llevando a cabo.
«Hoy Urbanismo Social se ha decretado en quiebra y resulta imperativo recuperar esos recursos. De no ser así, alguien tendrá que responder por aquello y reintegrar los recursos que son de todos los
maulinos. Espero que todos los involucrados colaboren para que esto se aclare lo antes posible», enfatizó Segura.
Hechos que fueron incluidos por el reciente informe que entregó en la última sesión del Gobierno Regional la comisión investigadora integrada por los consejeros Gabriel Rojas, Daniel Bustos y Román Pavéz, que agrega una serie de inconsistencias, como por ejemplo el traspaso de millonarios recursos vía trato directo a fundaciones sin respaldo económico, dentro de las que se encuentra Urbanismo Social, que apenas tenía un millón de pesos como patrimonio.