CDE se querella contra Alcalde de Colbún y otras siete personas por presunto fraude al Fisco

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Linares y apunta a eventuales delitos de fraude al Fisco reiterado y falsificación de instrumento público. El perjuicio fiscal preliminar señalado en la querella asciende a más de $75,9 millones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Linares contra el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses, funcionarios municipales y particulares, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco reiterado y falsificación de instrumento público.
De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la acción judicial, el perjuicio fiscal preliminar asociado a los hechos investigados se estima en al menos $75.936.105. La presentación busca establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados y contempla diversas diligencias investigativas.
Uno de los principales capítulos abordados corresponde al festival “Colbún y su Gente” de 2023, cuyo presupuesto inicial habría sido de $104 millones y posteriormente aumentado hasta aproximadamente $192,7 millones, sin la aprobación del Concejo Municipal, según los antecedentes contenidos en la querella. También se investigan presuntos fraccionamientos de contrataciones mediante tratos directos.
Contrataciones de artistas bajo investigación
Entre los antecedentes expuestos se encuentran contrataciones de artistas para el festival, respecto de las cuales el CDE plantea diferencias entre los montos pagados por el municipio y los costos informados de las respectivas presentaciones.
En el caso de Los Vásquez, se señala un pago municipal de $27,37 millones frente a un costo reportado de $21 millones, mientras que por la presentación de Dino Gordillo se habrían pagado $11,9 millones, frente a un costo señalado de $5 millones.
Asimismo, la presentación de Bombo Fica habría significado un pago de $29,75 millones, mientras que el costo reportado de la actuación sería de $15 millones.
La querella también incorpora la contratación de una charla de Pilar Sordo, por la cual se habrían pagado $8,33 millones a un proveedor, mientras que el costo informado de la profesional alcanzaría $5,95 millones.
Obras y otras situaciones cuestionadas
La acción judicial también aborda antecedentes relacionados con obras escolares por más de $800 millones, las que, según lo expuesto, habrían comenzado antes de su adjudicación.
A ello se suma una eventual prórroga irregular de la concesión del Balneario Machicura, operación que habría involucrado recursos por aproximadamente $12,18 millones.
Otro de los capítulos mencionados corresponde a la contratación de dos abogados por un monto de $2,5 millones mensuales cada uno, respecto de quienes se cuestionan labores consideradas genéricas y que, según los antecedentes de la querella, habrían incluido materias relacionadas con la defensa personal del alcalde.
Falsificación de documentos
La presentación del CDE también involucra a Rosa Elena Encina, cónyuge del alcalde, a quien se atribuye la firma de 14 certificados de recepción conforme sin ostentar formalmente el cargo de directora de DIDECO, situación que es investigada como parte del presunto delito de falsificación de instrumento público.
Además del alcalde y su esposa, la querella individualiza al administrador municipal Aníbal Urtubia, al director de Administración y Finanzas Octavio Fuentes, y a los particulares José Luis Muñoz, Maribel Correa, Pablo Moraga y Francisco Solís.
CDE solicita diligencias y medidas sobre bienes
El Consejo de Defensa del Estado solicitó al tribunal la realización de diversas diligencias investigativas, entre ellas actuaciones vinculadas con la Contraloría General de la República, con el propósito de reunir antecedentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.
Asimismo, la acción contempla solicitudes relacionadas con medidas cautelares sobre bienes, orientadas a resguardar una eventual responsabilidad civil derivada de los hechos investigados.
Cabe precisar que la presentación corresponde a una querella criminal y los antecedentes se encuentran sujetos a investigación, por lo que la existencia de la acción judicial no implica, por sí misma, que las personas querelladas hayan sido condenadas por los delitos imputados.