Consejeros Regionales solicitan aclarar transferencia de recursos a fundaciones por parte del Gobierno Regional

Durante la jornada de este martes, diez Consejeros Regionales del Consejo Regional del Maule han presentado una solicitud a Contraloría para investigar posibles irregularidades en la transferencia de recursos a fundaciones por parte del Gobierno Regional. La finalidad de esta acción es determinar si se han cometido actos irregulares o delitos, y tomar las medidas disciplinarias correspondientes en caso de ser necesario.
La iniciativa surge ante la preocupación de los consejeros por la falta de transparencia y el posible incumplimiento de los procedimientos establecidos en la asignación de recursos a diversas fundaciones. En particular, se ha planteado que algunas transferencias se han realizado sin pasar por el pleno del organismo, señalando que la Gobernadora cuenta con la facultad de aprobar recursos de manera unilateral.
En este contexto, el Consejero Regional Del Maule, Patricio Ojeda Alarcón explicó que el objetivo de presentar esta solicitud “no por una decisión, sino que por una obligación, porque nos asiste la obligación de supervigilar el buen uso, utilización de los recursos públicos y en este caso en particular nos parece prudente y pertinente que habiendo tenido información vinculada con acciones del Gobierno Regional sobre la transferencia de algunos recursos a algunas fundaciones, pero peor aún, con algunas condiciones de contratación de algunos miembros de esas fundaciones, es que hemos considerado entonces oportuno venir hasta la Contraloría, solicitarle al Contralor, revise esta situación, investigue y profundice si efectivamente o no ocurrieron algunos actos que pudieran ser constitutivos de irregularidad o incluso delito”.
Respecto al caso de Urbanismo Social señaló que se debe esclarecer la existencia de irregularidades ante solicitudes de contratación de personal ajeno a la fundación “Queremos esclarecer si esa instrucción la dio la gobernadora regional, si es una acción especialmente determinada por los funcionarios involucrados y definido por la Carta de Urbanismo Social. Sabemos todos que esa es una acción irregular, toda vez que nosotros no podemos condicionar la ejecución de un proyecto, en este caso el de una fundación, que contó con la transferencia de los recursos y que finalmente su ejecución no haya podido avanzar tal como lo señalan en la carta del 30 de mayo, no hayan podido avanzar porque habían condiciones puestas por funcionarios del gobierno regional en torno a la contratación de personal ajeno a la fundación”.