En Talca Abogado Camilo Bahamondes cuestiona procedimiento de desalojo del Patio 3 de la Macroferia
El profesional sostuvo que las personas afectadas no habrían sido debidamente notificadas del decreto alcaldicio que dio origen al procedimiento y calificó la medida como «arbitraria e ilegal». Además, pidió revisar los antecedentes antes de continuar con el desalojo y demolición de las instalaciones.
Una compleja situación se registra en el Patio 3 de la Macroferia de Talca, luego de que se iniciara un procedimiento de desalojo que contempla, además, la demolición de parte de la infraestructura existente en el lugar.
En medio del operativo, el abogado Camilo Bahamondes, representante de personas vinculadas al recinto, cuestionó públicamente el procedimiento y aseguró que existiría un elemento jurídico que, a su juicio, no habría sido acreditado: la notificación formal a quienes actualmente ocupan y trabajan en el sector.
Bahamondes explicó que sostuvo conversaciones con representantes de la Delegación Presidencial y que también abordó la situación con autoridades regionales, exponiendo sus reparos respecto de la medida.
«Yo como abogado tengo que ser bien estricto y jurídico en mi análisis. Acá no estoy hablando en contra de lo que dice la resolución propiamente tal, sino que estoy haciendo presente un asunto que no me han podido responder», señaló.
Cuestionamientos a la notificación
Uno de los principales argumentos planteados por el profesional apunta a que las personas actualmente afectadas por el desalojo no habrían sido notificadas del decreto alcaldicio dictado en diciembre del año pasado.
Según Bahamondes, en los antecedentes de la resolución que ordena el procedimiento aparecen notificaciones realizadas durante 2026, pero dirigidas a personas que, según indicó, serían desconocidas para quienes trabajan en el Patio 3.
El abogado sostuvo que una notificación administrativa debe identificar claramente a la persona destinataria, además de registrar circunstancias como fecha y hora.
«Si no hay un acta de notificación que indique día y hora y a quién se notificó, no se puede iniciar un procedimiento, especialmente de desalojo», afirmó.
A juicio del profesional, si los trabajadores hubieran tenido conocimiento oportuno de la medida, habrían podido adoptar acciones legales o administrativas para resguardar sus intereses antes de llegar a la situación actual.
Críticas a la administración del recinto
Bahamondes también cuestionó las condiciones en que, según señaló, se encontraría el Patio 3, apuntando especialmente a materias relacionadas con seguridad y limpieza.
En ese sentido, aseguró que quienes trabajan en el sector habrían realizado por cuenta propia diversas acciones para mejorar las condiciones del lugar.
«También se le explicó la situación de abandono que tiene especialmente la municipalidad con este Patio 3 en relación a la seguridad, a la limpieza, y que, por el contrario, la gente del Patio 3 se ha preocupado y ha hecho un avance sostenible y a costo de ellos», manifestó.
El abogado afirmó además que intentaron establecer un diálogo directo con el alcalde de Talca, pero que no habrían logrado concretar una conversación con la autoridad comunal.
Piden revisar el procedimiento
Bahamondes señaló que desde la Delegación Presidencial se les habría informado que se analizarían los antecedentes y que existiría disposición a comunicarse con el municipio para evaluar la situación.
El profesional insistió en que su intención inicial es buscar una salida mediante el diálogo antes de recurrir a otras acciones.
«Primero vamos a tratar de buscar la vía pacífica, la de la conversación, la del diálogo, la conversación política, que creo que siempre tiene que estar antes de evitar un enfrentamiento», expresó.
Sin embargo, adelantó que, de no existir una solución, recurrirán a las instancias judiciales correspondientes.
Operativo contempla presencia policial
Respecto del procedimiento actualmente en desarrollo, Bahamondes confirmó que existe una resolución que instruye a Carabineros participar en el desalojo y que contempla también la demolición de infraestructura del Patio 3.
«Pueden hacerlo, tienen la fuerza para hacerlo, pero el derecho y el razonamiento jurídico no lo tienen», sostuvo el abogado, quien agregó que serán los tribunales los encargados de determinar eventualmente las responsabilidades que pudieran derivarse del procedimiento.
Bahamondes calificó la situación como «injusta, arbitraria e ilegal», aunque sus afirmaciones corresponden a su interpretación jurídica de los antecedentes que, según indicó, mantiene en su poder.
Finalmente, señaló que se encuentra gestionando la obtención del decreto alcaldicio que dio origen al procedimiento y que continuará reuniendo antecedentes para presentar las acciones legales que estime pertinentes.
