Fiscalía investiga presunto fraude de $2.972 millones vinculado al GORE Maule y cuatro municipios del Maule Sur

La causa involucra actuaciones vinculadas al GORE y municipios
de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier

La investigación, desarrollada junto a la PDI, permitió la detención de 10 personas. El Ministerio Público indaga una presunta asociación criminal dedicada a defraudar al Estado, además de delitos de soborno y otras irregularidades.
Una investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de 10 personas, en el marco de una causa que indaga un presunto fraude contra el Estado que alcanzaría aproximadamente los $2.972 millones, con antecedentes que vincularían al Gobierno Regional del Maule y a cuatro municipios del Maule Sur.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, la investigación apunta a la existencia de una presunta asociación criminal dedicada a defraudar al Estado, en una causa que involucra a personas naturales, empresas privadas y distintas instituciones públicas.
El persecutor explicó que, además del monto estimado de la defraudación, se investigan hechos relacionados con sobornos y otros delitos, cuyo monto involucrado alcanzaría al menos los $316 millones.
“Es una situación lamentable”, señaló el representante del Ministerio Público, quien destacó el trabajo desarrollado por la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones para establecer la participación de los distintos involucrados.
Diez personas detenidas
Como resultado de las diligencias realizadas hasta ahora, fueron detenidas 10 personas, entre ellas quienes serían considerados como los principales sujetos involucrados en la investigación.
La Fiscalía adelantó que se trata de una causa de alta complejidad, con numerosas aristas y en la que se investigan distintos ilícitos, por lo que las diligencias continuarán durante las próximas semanas.
El persecutor jefe de la Fiscalía de Santiago, Francisco Caroza, ha encabezado parte del trabajo investigativo junto a equipos especializados de la PDI, en una investigación que también contará con la participación de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.
Fiscalía anuncia persecución de todos los involucrados
Desde el Ministerio Público enfatizaron que se utilizarán todas las herramientas disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes, independiente de la identidad o posición de las personas que eventualmente aparezcan vinculadas a los hechos.
“Vamos a perseguir, sea quien sea la persona que se encuentre involucrada en estos hechos”, se indicó, recalcando que se trata de situaciones consideradas especialmente graves por su impacto en los recursos públicos y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La Fiscalía calificó los hechos investigados como “inaceptables” y sostuvo que afectan directamente la fe pública, razón por la cual se anunció la continuidad de las diligencias hasta establecer la totalidad de las circunstancias y eventuales responsabilidades.
CDE y SII se suman a la investigación
Debido a las distintas aristas que presenta la causa, el Ministerio Público anunció que se incorporarán profesionales de la Fiscalía Regional y unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.
A ello se suma la participación de instituciones que ejercerán acciones legales, entre ellas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), considerando las distintas dimensiones que presenta la investigación.
La Fiscalía señaló que la causa contempla diversos ilícitos y que el trabajo investigativo continuará con el objetivo de determinar cómo habría operado la presunta estructura y el nivel de participación de cada uno de los involucrados.
Fiscalía solicitará prisión preventiva
Durante esta jornada se realizará la audiencia de control de detención de los 10 imputados, instancia en la que el Ministerio Público comunicará los antecedentes reunidos hasta ahora y formalizará las imputaciones que correspondan.
Debido a la gravedad de los hechos investigados, la Fiscalía adelantó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para los detenidos, argumentando que la naturaleza de los delitos y las circunstancias de la investigación ameritarían la aplicación de la máxima medida cautelar.
La investigación permanece en desarrollo y será la justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades penales, manteniéndose vigente el principio de inocencia respecto de todas las personas involucradas mientras no exista una sentencia condenatoria.