Muchas autoridades al verse en la condición de poder y manejar grandes sumas de dinero, no estando capacitados, y menos teniendo una conducta proba.

Esta semana en «Diario Maule Hoy», quisimos ahondar en los temas de probidad y corrupción, a propósito del actual escenario político que ha dejado en el primer lugar de la agenda noticiosa, los casos de corrupción y malversación de fondos públicos a Fundaciones de derecho privado.
Para ello, entrevistamos al abogado, Claudio Sebastián Pino Sáez, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, diplomado en Derecho Inmobiliario de la Universidad de Los Andes de Santiago, y con un postítulo en Derecho Minero de la Universidad Finis Terrae y un Magíster en Derecho Minero y Aguas de la misma universidad.
En su experiencia laboral fue consultor jurídico del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en Talca, además de Director Ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo en Talca, y Director Regional del Instituto del Deporte, región del Maule, entre febrero del año 2021 y abril del año 2023.
¿Por qué es tan grave los millonarios convenios celebrados entre el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, considerando que debió haber existido fiscalización?
«Aquí la gravedad no lo reviste el hecho de que se hayan transferido recursos de un organismo público a uno privado, sino que la gravedad de los hechos se da en un triple sentido, el primero, que tanto el Seremi como el representante legal de la fundación – democracia viva – aprovechándose de la posición de privilegio que ambos tenían, el Seremi con la facultad de poder elegir «a dedo» a la fundación para ejecutar los recursos del programa Asentamientos Precarios, eligió a la fundación que formaban representantes de su propio partido para que ejecutará el programa, lo segundo, es que una institución normal, que trabaja con recursos del Estado, trabaja mediante estados de pago, y no con una transferencia directa por el total de los recursos, lo cual es sumamente irregular. Casi toda institución privada, por no decir todas, que trabaja con recursos del Estado lo hace mediante avances, o sino dejamos la ventana abierta para que los recursos se transfieran y los trabajos no se hagan. Y lo tercero y último, el representante legal de la fundación, además de ser representante legal de la fundación, era asesor del ministerio de defensa, ó sea se puede deducir, que mientras prestaba servicios al Estado, también lo hacía, aprovechando su situación de privilegio, de representar legalmente a la fundación – percibiendo recursos del Estado – y percibir recursos por su labor de asesor.
En estos casos la fiscalización no se da ex ante, sino que se da ex post, por lo que prevenir este tipo de situación, se puede dar claro que sí, pero es difícil poder detectarlo, a menos de que un funcionario público de la misma institución que transfiere los recursos, haga las denuncias ante la Contraloría.
¿Qué ramificación puede existir entre una Fundación o Corporación con actores políticos de la escena nacional, llámese seremis, alcaldes y gobernadores, donde supuestamente podrían existir desvíos de dineros fiscales a entidades de derecho privado?
«Primero, prefiero presumir la buena fe cuando se da este tipo de transferencias de un ente público a uno privado, que la ley en muchos casos faculta a las respectivas autoridades para hacerlas, y cuando estas se hacen se hacen con un fin superior que es atender las necesidades de la población por la celeridad con que estas últimas – privadas – pueden actuar saltándose la burocracia del Estado. Pero sin perjuicio de lo anterior, muchas autoridades al verse en la condición de poder manejar grandes sumas de dinero, no estando capacitados, y menos teniendo una conducta proba, hace que estos fondos terminan siendo usados en los fines que no corresponden.
La ramificación, o el nexo entre entidades públicas y privadas existe, y no encuentro que sea una mala relación, todo lo contrario, el problema es cuando existe el aprovechamiento de esta relación, que se ve reflejado tanto en la contratación de personas no idóneas o como una caja pagadora de favores.
¿A qué se expone una autoridad política, cualquiera sea su rango o tendencia ideológica, cuando está involucrada en hechos de esta naturaleza?
«El rango y la tendencia política son lo de menos, una autoridad o funcionario público que se ve en conductas que faltan a la probidad, o malversan caudales públicos, además del escrutinio público, tiene que pagar frente a la justicia con una pena ejemplificadora».
¿Es más bien burocrático el ejercicio del control de dineros del Estado, lo que, aumenta que casos como este, se sigan repitiendo sin mayor control?
«Los controles en los servicios públicos son sumamente exhaustivos a la hora de girar recursos a privados, ya que los mecanismos de transferencias directas son la excepción, lo común es que las transferencias sean mediante licitaciones públicas, las que muchas veces no están exentas de polémicas. La contratación de un servicio, o el pago del mismo, pasan por varios controles, pero no es menos cierto, que estos controles pueden ser vulnerados por autoridades o funcionarios que no tengan la ética profesional ad hoc a un funcionario público o que se ve amenazado por su superior en caso de poner muchas trabas».
¿Dónde está el defecto del sistema, o es el propio Estado, la Contraloría, La Fiscalía, el mundo político y administrativo, el que debe ejecutar las correcciones necesarias?
«El primer defecto son las personas que no cumplen los estándares de probidad para poder ejercer los cargos en que son designados o elegidos, segundo, se establece un sistema de alta dirección pública (ADP) para la elección de cargos técnicos, y lo paradójico es que, una de las causales de término de un cargo de alta dirección pública, es la falta de confianza, ¿Cuál es la falta de confianza cuando los ADP son cargos técnicos? Lo podríamos interpretar de manera coloquial en «corro hacia un lado a los que me podrían poner trabas en hacer lo que yo quiera». El segundo defecto, es que tanto la Contraloría como la Fiscalía no dan abasto para poder ejercer su función fiscalizadora, la que en ambos casos es ex post, ósea después de cometidas las irregularidades o ilícitos, la idea sería que los controles sean preventivos no represivos. Habría que buscar una alternativa.
¿Cuánta corrupción existe en nuestro sistema estatal, que nunca es susceptible de ser castigado, multado, corregido y judicializado?
«No podría cuantificar la corrupción, de que existe claro que existe, y a todo nivel. Los parlamentarios son los llamados a realizar leyes que propendan dar un cambio al sistema que tenemos y así poder terminar con estas malas prácticas que en nada aportan a la comunidad, sino que aportan al patrimonio de unos pocos».
¿Por qué es necesaria la fiscalización con auditores externos que no tengan vinculaciones familiares, políticas o de compadrazgo con determinadas autoridades, que es lo que se da frecuentemente en estos casos?
«Este es un supuesto, ya que nuestra legislación no lo permite en el día a día. Lo que es necesario es la autorregulación, y la probidad en el cumplimiento de las funciones encomendadas, tanto a las autoridades electas, como a las designadas. Es más, por mandato legal corresponde a Consejeros Regionales y Concejales efectuar labores de fiscalización tanto de Gobernadores como de alcaldes, y en el caso de no realizar esta labor caen en el supuesto de notable abandono de deberes, lo que podría conllevar a la destitución del cargo.
En el caso que está pasando ahora con el Gobernador de Los Lagos, de demostrarse que es efectivo que se provocó fraude al fisco, malversación o la figura penal correspondiente, me atrevo a decir que consejeros regionales podrían caer en el supuesto antes mencionado».
Por su propia experiencia ¿Cree usted que la Corrupción puede ser diezmada y corregida en Chile, o en algunos casos, es demasiado tarde?
«Ell que es corrupto va a seguir siendo corrupto, ya vio lo fácil que es enriquecerse a costa del Estado sin trabajar. Pero creo que no es tarde, este es un buen momento ya que se está llevando a cabo un proceso constituyente en el cual se pueden incorporar este tipo de iniciativas en la nueva Constitución», concluyó.